Este viernes se conmemora el 31º aniversario de la victoria de la justicia sobre el autoritarismo en Argentina. El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia judicial contra las tres primeras juntas militares de la cruenta dictadura argentina autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), debido a las graves y constantes violaciones de los Derechos Humanos.
Este proceso se inició el 15 de diciembre de 1983, cuando el presidente argentino, Raúl Ricardo Alfonsín, cinco días después de haber asumido el cargo, decretó que las tres juntas militares que habían ostentado el poder tras el golpe de Estado de 1976 debían ser juzgadas.
Ese mismo día, el presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), organismo encargado de abrir una investigación sobre las diferentes violaciones de Derechos Humanos acontecidas durante la dictadura.
Fue un tribunal civil, no militar, como correspondía al cargo de los enjuiciados, el encargado de llevar a cabo el proceso, tras observarse incomprensibles dilaciones en el inicio del caso en el tribunal militar. La posibilidad de sentar ante la justicia a los responsables de una dictadura hizo de Argentina y del Gobierno de Alfonsín un ejemplo de justicia y respeto a los Derechos Humanos para el mundo.
Pero alcanzar la sentencia no fue fácil. Los militares argentinos intentaron evitar que se juzgase a sus superiores y hubo diversos funcionarios que se negaron a participar en el proceso judicial.
Los documento y pruebas sobre el caso eran ingentes, los delitos sobre los que el poder judicial llegó a tener constancia fueron más de 10.000 y, durante la audiencia pública, que duró 530 horas, declararon 833 personas.
Las atrocidades acontecidas durante el Proceso argentino se pusieron de manifiesto en el juicio, en el que quedó claro que las reiteradas violaciones de Derechos Humanos no se debían al exceso de las acciones militares, sino a ordenes directas de los jerarcas de las Juntas. Se oyeron testimonios y se aportaron pruebas de los cientos de asesinatos, desapariciones y torturas que los militares habían llevado a cabo
NUNCA MÁS
El alegato del fiscal, Julio César Strassera, que solicitaba que la responsabilidad de cada delito debía ser compartida por los miembros de las tres juntas militares –finalmente denegado por el tribunal– se considera una pieza indispensable de la historia argentina. El fiscal terminó su alegato de la siguiente manera: «Señores jueces: quiero renunciar a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más'».
Finalmente, la sentencia judicial vio la luz el 9 de diciembre de 1985. En ella, tras rechazar la ley de autoamnistía que los dictadores de la última Junta Militar aplicaban a todos los responsables, se determinó que no existían pruebas suficientes para condenar a los jerarcas de la tercera junta.
En esta sentencia se incluían diferentes penas. El expresidente de Argentina y teniente general de la primera junta, Jorge Rafael Videla fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación perpetua por una decena de casos, como pueden ser homicidio agravado por alevosía, privación ilegal de la libertad, torturas o por robo. El almirante y líder de la primera Junta, Emilio Eduardo Massera, recibió la misma pena que Videla.
Por su parte, el expresidente argentino y teniente general se la segunda Junta, Roberto Eduardo Viola, fue condenado a 17 años de prisión; el almirante de esta Junta, Armando Lambruschini, a ocho; y el brigadier general de la primera Junta, Orlando Ramón Agosti, a cuatro años y seis meses. Además de la pena de cárcel, todos ellos fueron condenados también a inhabilitación absoluta perpetua.
El Juicio a las Juntas fue la primera vez en la historia que un grupo de dictadores tiene que declarar y son juzgados por su propio país. A partir de esta transición a la democracia se pusieron en tela de juicio otras muchas como la de España, la de Brasil o la de Chile. Un triunfo de la democracia, la justicia y los Derechos Humanos que ha de enorgullecer a Argentina.